La Voz de Panamá

Gobierno respetará idoneidad y leyes especiales en puestos públicos

La aprobación por parte del Gobierno de la Resolución de Gabinete N° 69 de 6 de agosto de 2019, que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa, dentro del Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, ha generado algunos cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad civil.

Con la modificación aprobada, la equiparación en las clases ocupacionales se efectuará en los niveles desde 0101 al 0601.

Este rango incluye empleados administrativos, puestos técnicos como electricistas, refrigeración, programador de computadoras, mecánicos, jefes de escoltas, jefes de imprenta, técnicos en ingeniería, traductores públicos, enfermeras, jefe de cómputo , jefes y subjefes de departamentos, ingenieros, economistas, abogados, periodistas, psicólogos, financistas, arquitectos, médicos, químicos y puestos de equivalente nivel de importancia, relaciones públicas, compras; ente otros.

Con la señalada resolución se ordena a las instituciones del Estado adecuar esta equiparación dentro de sus respectivos manuales institucionales de clases ocupacionales.

En tal sentido, el abogado Ernesto Cedeño anunció que hoy presentará una demanda contencioso-administrativa en contra de esta resolución, tras calificarla como ‘ilegal’.

Para Cedeño, esta norma viola profesiones establecidas por ley como la abogacía, entre otras.

Cedeño aseguró que pedirá a la Sala Tercera la suspensión inmediata de esta resolución.

En tanto, la arquitecta Sandra Escorcia se refirió al tema cuando publicó tuit: ‘Presidente @Nito Cortizo usted nos dijo que la Educación iba a ser una estrella. Esto es, exactamente lo contrario. Que un diploma valga igual, a los que no tienen uno, es decirle a la juventud: estudiar no sirve!’.

Mientras que la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) rechazó de forma enérgica esta resolución y consideró la medida como un retroceso en materia educativa, ya que promueve la deserción estudiantil en la educación superior, una acción que, aseguran, frenaría la competitividad, la cual tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, el Movimiento Independiente (Movin) señaló que esta acción, sumada a la suspensión de los concursos dentro de la Cerrera Administrativa, ‘perpetúan la perversa práctica de nombramientos políticos dentro del Estado, al punto de no medir el riesgo que esto conlleva’.

La organización pidió el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y al Consejo de Gabinete, derogar cuanto antes la Resolución de Gabinete N° 69 de 6 de agosto de 2019.

Requisitos se mantienen

La respuesta del Órgano Ejecutivo no se hizo esperar, y en un comunicado la Dirección General de Carrera Administrativa se informó que los requisitos profesionales para nombramientos en el Estado se mantienen.

La Dirección General de la Carrera Administrativa enfatizó que se mantienen los requisitos para los nombramientos en cargos definidos que establecen las leyes especiales, así como los requisitos de idoneidad para ocupar puestos en el Estado.

La institución destacó que con la Resolución No. 69 del 6 de agosto de 2019 para los casos de cargos de nivel profesional, se reconoce la experiencia previa como un valor agregado importante.

Además, detalla que la misma resolución permite que aunado a la experiencia, personas con títulos académicos de posgrados, maestrías y doctorados puedan ocupar cargos dentro de la administración pública.

Se informó que corresponderá a los departamentos de Recursos Humanos de cada institución adecuar sus respectivos manuales con los cambios señalados y acreditar en las solicitudes de nombramiento el nivel académico y la hoja de vida que valide la experiencia de cada aspirante a ocupar un cargo público.

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